José María Ruiz Soroa en El País.
Forzoso es reconocer que lo que pomposamente se denomina nuevo sistema de financiación autonómica es cualquier cosa menos un sistema o modelo. Aunque probablemente nunca lo ha sido. Los hacendistas dicen que la financiación autonómica se basa en España en el reparto inicial y contingente de recursos que se efectuó al ir transfiriendo las competencias y los medios anejos a ellas. Es de esa asignación inicial de la que se ha partido en todos los subsiguientes intentos para reordenar el asunto, respetando siempre la regla básica de las burocracias de dar por consolidado lo existente ad aeternum, y pelear siempre por la mejora del trozo de tarta propio. Cuando se habla de esos índices que sustentarían el sistema (población, envejecimiento, dispersión, insularidad...), se oculta al público que tienen nombre y apellido detrás. Vamos, que cuando se necesita por razones políticas aumentar los recursos de Ruritania, lo que se hace es introducir una modulación en el índice de población basada en la densidad de zuecos por hectárea partido por el número de vacas, justamente, ¡oh casualidad!, lo que conviene a los ruritanos.
Lo que se ha hecho ahora, aunque con más oscurantismo del acostumbrado, es arrancar de un a priori político: el de que Cataluña debía recibir una financiación superior a la que tenía, colocándola por encima de la media nacional. Lo cual era en sí mismo, y si lo tomamos aisladamente, bastante razonable, pues la permutación del orden de colocación entre comunidades que se producía hasta ahora a través de la nivelación redistributiva no era equitativa: no era justo que un extremeño gozara de unos recursos públicos de financiación superiores a los de un catalán, cuando éste contribuía más a la generación de esos recursos (principio de ordinalidad). Y una vez establecido que el resultado final tenía que colocar a Cataluña en mejor situación, se han diseñado unas reglas que lo aseguren y que, al tiempo, no provoquen la rebelión abierta de otras autonomías, aunque los resultados sean ahora injustos para otros ciudadanos no catalanes, como los madrileños o valencianos, que, partiendo de una aportación similar a la catalana, reciben mucho menos. Defectuoso antes, defectuoso ahora. Con el agravante de que se institucionaliza y consolida la práctica de financiar gastos corrientes con déficit público.
Es una pérdida de tiempo analizar lo decidido desde los parámetros de la equidad o la racionalidad ideales. Se trata de una decisión política que sólo puede entenderse desde las constricciones de la propia política. Lo que hay que preguntarse son dos cosas: ¿cuál era el problema? y ¿sirve lo que se ha hecho para solucionarlo?
La necesidad de privilegiar a Cataluña (como antes a Euskadi y Navarra) obedece a razones políticas de dos clases: las coyunturales del gobierno de turno, y las de longue durée de intentar asegurar la integridad nacional. El pacto de Aznar en el hotel Majestic en 1996 es un ejemplo perfecto de las coyunturales. En el caso del Partido Socialista, la coyuntura es palmaria si llevamos a cabo un experimento mental: el de la no-Cataluña y no-Euskadi. Supriman por un momento de España esas dos comunidades y repartan los votos y escaños para el Congreso sólo en el resto de la nación en las elecciones generales de 2008. El cálculo lo ha hecho algún politólogo: el Partido Popular tendría mayoría absoluta en las cámaras.
Si vamos a las razones políticas de fondo, la cuestión se plantearía así: como Estado de inspiración federal, España tiene problemas de integración (la voluntad de mantenerse juntos) y de articulación (el diseño e implementación de la arquitectura federal). Ambos son de naturaleza diversa; además, los de integración afectan sólo a Cataluña y Euskadi, mientras que la articulación afecta a todos. Sin embargo, hemos caído desde el principio en la tentación de intentar resolver las deficiencias de integración mediante la manipulación de los esquemas de articulación.
Todos los gobiernos han aceptado la premisa implícita de que dándoles más autogobierno (en competencias, en fondos o en procesos de decisión política) a Cataluña o Euskadi, éstas se integrarían por fin en un proyecto superior compartido. La realidad, sin embargo, ha demostrado más bien lo contrario: el independentismo ha crecido en ambas sociedades y sus clases políticas. Lo cual es lógico, pues el sentimiento nacionalista percibe y asimila lo que es una concesión como el pago de una deuda (Montilla dixit) o un derecho histórico (Gernika proclama), lo que anula su efecto atractivo. Al final, sin ganancia para la integración (la añorada bundestreue) y a golpe de manipulación de la ingeniería federal, hemos dejado el Estado con un inequívoco aire chapucero.
Quienes entienden pronostican que en dos años Cataluña impugnará de nuevo el estatus de financiación alcanzado hoy. Resultará insuficiente para ella, como resulta políticamente insuficiente para el nacionalismo vasco el esquema del Concierto Económico más Cupo, y eso que produce una financiación pública por habitante superior en 60 puntos a la media nacional (mientras que Cataluña no logrará superarla ahora ni en 10 puntos). Al final, la falta de imaginación y voluntad de la clase política española para abordar los déficits de integración no se remedia con las manipulaciones del esquema de articulación. Con éstas sólo se consigue comprar tiempo y desarticular un sistema que, si bien se mira, nunca llegó a existir como tal.
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